Estado Español

Alsasua: El gobierno resucita a ETA en forma de pueblo navarro

La agresión a dos guardias civiles que ocurrió el pasado 15 de octubre en un bar de la localidad navarra de Alsasua ya tiene respuesta por parte de la jueza Carmen Lamela, quien ha acusado a los ocho jóvenes detenidos de un delito de terrorismo (como exigía el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite), apelando al artículo 573 del Código Penal, que cataloga como delito de terrorismo “subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”. Es algo curioso ya que ni tan siquiera la Guardia Civil llegó a catalogarlo como terrorismo sino como “delito de odio”. Este caso, sin embargo, ha asombrado a propios y a extraños desde el primer momento.

En primer lugar, asombra que no se llegue a la decena de detenidos cuando, según los agentes, se trataba de “entre 30 y 40 personas”. Esto ya fue negado por un informe realizado por la propia Guardia Civil, el mismo en el que catalogaba los actos como presunto “delito de odio”. De hecho, las lesiones de los agredidos fueron de carácter leve, por lo que resulta altamente improbable tal linchamiento.

En segundo lugar, es aún más llamativo el amplísimo despliege de la Guardia Civil en el pequeño pueblo navarro, en donde ya de por sí la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado es alta. Pero en los días posteriores al altercado se convirtió en un pueblo en estado de excepción:

Además, la novia de uno de los guardias civiles implicados, de 19 años, declaró que se trató de un incidente provocado porque ellos se encararon a un grupo de unos seis jóvenes que “les miraron mal” y que llegó a morder en el brazo a uno de ellos, de unos 30 años -una edad muy superior a la de los jóvenes detenidos-. Sin embargo, no mencionó que ocurriera por ser guardias civiles, lo cual haría que lo sucedido no fuera ni tan siquiera constitutivo de delito de odio, pese a que la jueza diga que “única y exclusivamente” su condición de agentes fue lo que desencadenó la pelea.

En cuanto a las reacciones que ha suscitado esta noticia, la mala fe de los medios es un nuevo motivo más de asombro en este caso: En El Español se han apresurado a destripar la vida privada de los detenidos, acusando a una de ellas de “profesora radical”, por su condición de profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Ya habían publicado otra noticia con el título “Alsasua, ‘tierra hostil’ para la Guardia Civil” dos días después de los hechos. Por su parte, desde El Mundo se alertaba hace tan sólo cuatro días que “hay que despertar, el alto el fuego no ha acabado con la violencia” y en El Confidencial titulaban “Alsasua, el pánico cotidiano de ETA”. Mientras tanto, OK Diario aseguraba el mes pasado que “los matones de Alsasua son ETA” y, tras conocer la detención, el diario de Eduardo Inda ha enfatizado en que la abogada de los jóvenes llevó en el pasado el caso de unos etarras, tratando de trazar así un hilo entre lo que pareció ser una pelea de bar y ETA.

El Ministero del Interior, en este mismo sentido, y en una muestra de irresponsabilidad, también apeló de soslayo al grupo terrorista al relacionar el caso con la “dinámica permanente” impulsada por ETA.

¿Y los vecinos? Pues en un pueblo de tan sólo 7.000 habitantes, 1.500 de ellos han salido a las calles en contra de las detenciones y, además, de la criminalización a todo un pueblo, al cual el gobierno quiere dar el estatus de ETA, a la vista de que no existe ningún peligro externo -yihadismo, por ejemplo- o interno -la propia banda terrorista ETA- con el que legitimar la represión en un país, España, en donde “no existen los presos políticos”.