Internacional Latinoamérica

El Parlamento de Brasil destituye a Dilma Rousseff

La cámara baja del Parlamento de Brasil ha aprobado esta noche la moción de censura que inicia el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores. Una vez ratificada esta sentencia, será el Senado el que tendrá que decidir si lleva a cabo el juicio contra la presidenta que pide la oposición, encabezada por los centristas del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, dirigido por Aécio Neves. Sin embargo, no es el único partido interesado en el tema. El proceso con Rousseff fue impulsado por Eduardo Cunha, presidente del Parlamento y miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (opositores al Gobierno). Hasta hace unos meses, a esta oposición se adhirieron los socialdemócratas de izquierda que formaban una alianza junto al Partido Socialismo y Libertad o al Partido Comunista de Brasil. Eduardo Cunha está procesado y es uno de los que llevaron a cabo los fraudes del caso Petrobras por lavado de dinero. Por otro lado, su gestión al frente de la empresa es discutida pues en 2004 se demostró que las extracciones que llevaban a cabo en Perú no contaban con las medidas de seguridad adecuadas debido a la reducción de la inversión en esta materia. Como consecuencia, decenas de aldeas indígenas quedaron expuestas a materiales tóxicos.

Recordemos el porqué de las acusaciones de la oposición brasileña al gobierno del país. En 2005 se destapó el “escándalo de las mensualidades”, llamado así por Roberto Jefferson, del propio Partido de los Trabajadores. La publicación de este caso de corrupción saltó el 14 de mayo de 2005 en el semanario Veja y todos los documentos que probaban el fraude no salieron a la luz pública hasta 4 días después. En ellos, se detallaba un sofisticado método por el que diversos órganos del Ejecutivo pagaba una suma de 150.000 dólares a cada diputado que apoyase las reformas financieras que se iniciaron en ese mismo año. Por ello, numerosos empresarios (que extorsionaban a los diputados que recibían las presiones gubernamentales) fueron imputados por corrupción. Los primeros balances del costo que supusieron tales prácticas ascendieron a cada noticia que se publicaba. Se calcula que toda la trama movió en torno a 400 millones de dólares que salieron de las arcas públicas.