Editorial

EDITORIAL: Para todo lo demás, merde

Son tiempos difíciles para la casa real. En abril de 2014, después del destape del caso Nóos y la imputación de Urdangarín y la infanta Cristiana, el barómetro del CIS suspende, de nuevo, a la monarquía. Ese mismo verano, Juan Carlos I abdicaría en favor de su hijo Felipe, que mejoraría la imagen de la casa real, según la encuesta; pero la mayoría sigue mostrándose reticente.

El pasado día 8 se desveló la relación de amistad que mantenían la reina y el rey de España con el imputado López Madrid, días después de destaparse el escándalo que había protagonizado con las tarjetas black. Hoy, el ministro de justicia en funciones ha anunciado que se investigará si existe un delito de ‘revelación’ en ello.

Hay varias cuestiones que merecen anotaciones en el margen:

Primero, que la relevancia política de la información filtrada es notable. No sólo para la casa real, que demuestra un cierto compromiso con la corrupción, sino para con la red de instituciones que han pretendido ser el fundamento de aquello que ahora se ha dado en llamar el régimen del 78. Ya conocíamos que el acomodo político del rey era una obra de futuro plasmada por un dictador; pero esto es nuevo. Cuestionarse la monarquía, que se ha pretendido situar como uno de los presupuestos iniciales de la democracia en España, implicaría cuestionarse las bases del funcionamiento político del país ─por ejemplo, el turnismo. Quién sabe, podría ser uno de esos detalles que acabaran con la vieja propuesta de Antonio Maura: «hay que hacer la revolución desde el Gobierno, porque si no, se hará desde abajo».

Segundo, que el Gobierno quiera iniciar una investigación a eldiario.es abre otro escándalo, aunque no se reaccione así. Teniendo el Partido Popular su sede madrileña embargada y estando cerca de la imputación ─nos ahorramos el resto de tramas vinculadas─, que pretenda amedrentar a uno de los pocos medios críticos de popularidad no levanta sino más sospechas. Cada vez más, parece que hay una doble ley: para la gente de a pie, mordaza, sumisión y represión; para la oligarquía y sus instancias, derechos. (Y no debemos olvidar que este partido está llamado a la historia por antiguos ministros del mismo dictador que llamó a la actual monarquía.) Ya no oímos ni siquiera la pequeña tos del disimulo.

Tercero, la hipocresía institucional de la que hace gala el Partido Popular no redime a sus votantes, pero mucho menos a los medios de comunicación que no se hacen eco de la noticia. Ni uno solo de los veinte periódicos de mayor tirada del país ha escrito una línea sobre ello en portada ─a pesar de lo cual, The Guardian sí lo comentaba en sus páginas. Ni uno. Lo cual no repite sino algo que lleva tiempo diciéndose: «nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza». Esto reaviva los debates acerca del derecho a la información, la manipulación de la prensa y la vinculación entre accionistas e información ─ninguno de los cuales ha de desmerecerse.

Con todo, sólo parece que llueva sobre mojado. Pero ni es delito hacer periodismo, ni es un crimen ofrecer información crítica. La información es un derecho fundamental, inherente a un sistema democrático. Para la ONU, «la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas».