Estado Español

La ley de Memoria Histórica ha llegado al Parlamento Andaluz

La Ley de Memoria Histórica de Andalucía finalmente ha llegado al Parlamento sin que ningún partido haya presentado una moción a la totalidad del texto que elaboró Izquierda Unida en la etapa en la que ostentaba el co-gobierno con los socialistas.

Hay que señalar que responde a las recomendaciones de Naciones en materia de memoria histórica y acata la legislación internacional en cuanto a Derechos Humanos.

Es la Ley de Memoria Histórica más completa y garantista de todo el Estado Español. En ella no solo incluye a las víctimas asesinadas por el genocidio franquista, también comprende a los guerrilleros, condenados, exiliados, familiares de desaparecidos y represaliados se suman los niños y niñas robados o quienes sufrieron la tortura de estar en los campos de exterminio nazis. El censo de víctimas, que serán homenajeados cada 14 de junio en acto público.

Una novedad es la incorporación de la Memoria en los currículos educativos. Aunque no constará como materia troncal (obligatoria) tendrá su espacio en el plan de estudios en las enseñanzas medias. No obstante, el contenido concreto de dicha asignatura está por determinar aún.

Más avanzada que la ley estatal de 2007, la ley abarcará desde la Segunda República hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (1931-1982).

Como no podía ser de otra manera, la Junta de Andalucía será la encargada como una política pública las exhumaciones, hasta ahora realizadas por las Asociaciones y familiares. En los últimos años, han sido exhumadas 3.600 víctimas en más de 700 intervenciones, según los datos por la Consejera de Cultura.

También, tal y como estaba previsto en las normativas previas, se comenzarán a prohibir y sustituir los espacios públicos con simbología fascista. Se tipificarán como infracciones muy graves la constitución o remoción de terrenos donde haya fosas u otros seres humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas (sanción de 10.001 a 150.000 euros). Serán infracciones graves el incumplimiento de la orden de retirada de escudos, insignias o placas, no conservar o realizar obras en los lugares de Memoria Histórica sin autorización, trasladar restos humanos sin autorización, trasladar restos humanos sin la supervisión de el organismo pertinente o no informar del hallazgo casual de restos (sanción de 2.001 a 10.000 euros). Por último, se consideran infracciones leves la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos, impedir la vista pública o daños a espacios o mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria (sanción de 200 a 2.000 euros).

Además. la Junta realizará las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos. Se constituirán un banco de ADN.

Finalmente, la Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones.

Tras la exposición del texto por parte de la Consejera de Cultura, las formaciones políticas tuvieron un turno de palabra para valorar la proposición de ley. El diputado del PP criticó la iniciativa al considerar que “el texto es innecesario y estira el debate al límite de lo posible, aunque su grupo no ha presentado una enmienda a la totalidad.

Inmaculada Nieto, diputada de IU por la provincia de Cádiz defendió el texto que elaboró su formación antes de las elecciones y reclamó “una tramitación sin sorpresas, sin enmiendas parciales que frustren las expectativas de las asociaciones memorialistas que sienten el texto como suyo porque responde a sus demandas y a su trabajo en el mismo”

Por último, el grupo parlamentario de Ciudadanos expresó su no entendimiento del espacio temporal que la ley recoge, ya que ésta es hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía Andaluz y no hasta la muerte del dictador.

En definitiva, Andalucía ha dado esta semana un paso hacia la memoria democrática como el derecho a conocer la verdad de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, derechos a la justicia y derecho a la reparación, como garantista de no repetición.