Estado Español

Tabú: ETA, política y Derechos Humanos

Rosa Rodero es viuda del que fue sargento de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA. Este sábado pasado, día 2, ha hecho un llamamiento para acudir a la manifestación que tendrá lugar el próximo día 9, convocada desde hace años por la red ciudadana Sare, según ha informado a los medios la Agencia Efe1.

Al acto han acudido también otras personalidades destacadas de Euskadi, y han leído un manifiesto en apoyo a la manifestación el músico Kepa Junkera e Idoia Muruaga, pareja de un preso de ETA muerto en la cárcel.

Los convocantes han instado a «remover los obstáculos que impiden, que tras veintisiete años de política de alejamiento y dispersión, el Gobierno español haga caso omiso a la voluntad manifestada en multitud de ocasiones por una inmensa mayoría de la sociedad vasca, exigiendo el fin del sufrimiento y la necesidad de cerrar heridas».

Esta última exigencia mostrada por los participantes del acto señalaba la falta de diálogo de la que el Ejecutivo del PP ha hecho gala desde el abandono por parte del grupo de la vía armada en 2011, según ElDiario.es2 y Público3 4.

Rosa Rodero es una víctima del terrorismo, pero no es la más mediática. De hecho, ha afirmado que habían «puesto todos los medios a su alcance para que no pudiese hablar» desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo5. Esta asociación ─que recalca en su web: no sólo de ETA, también del GRAPO─ ya ha recibido duras críticas, a las que, según el caso, ha respondido con querellas6, o ha callado simplemente7.

Rodero también recuerda en algún comentario a las víctimas del terrorismo de Estado, de las que ha servido como brazo, según circunstancias, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza, pero especialmente el cuerpo de los GAL. Precisamente en ese sentido apunta un estudio8 encargado por el Gobierno vasco al forense Francisco Etxeberría, que contabiliza, aún en su primera fase, un total de 3.583 casos de denuncias de tortura y documentación de diferente tipo. Sonado fue el llamado informe «Navajas»9, caso archivado por falta de pruebas, pero cuyo epicentro ─el cuartel del barrio de Intxaurrondo, en San Sebastián─ es justamente el mismo que el de los casos de Lasa y Zabala10, o el del relato de Ion Arretxe, torturado a los 21 años ─como él mismo explica en algunas entrevistas11─, acusado falsamente de pertenecer a ETA. Si bien Arretxe se ha hecho un hueco realmente respetable en el mundo del arte y la cultura, no es tan conocido como Mikel Zabalza.

En la misma dirección apunta un informe de la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura12, que recuerda las 6.621 denuncias de torturas habidas de 2004 a 2014, pero sobre todo las 833 muertes bajo custodia policial. También con preocupación respecto a ello se elabora el análisis Incomunicación y tortura13, producto de la colaboración de diferentes asociaciones y más de 50 profesionales de distintas áreas.

El uso político de las víctimas del terrorismo ─«como arma arrojadiza», se suele expresar en los términos de la nueva política─, por otro lado, ha sido repetido en los últimos años. Se ha banalizado de diferentes formas el daño irreparable de asesinatos y torturas, por ejemplo en platós de televisión de la boca del inefable Eduardo Inda14 (antiguo director de ElMundo, ahora de OkDiario), o a través de Esperanza Aguirre para descalificar a Carmena15 (que, casi para desgracia de la ex alcaldesa, llegó a estar en el punto de mira del grupo terrorista16), e incluso parece que se haya querido traducir mal el texto en inglés de la New Left Review escrito por Iglesias17, con tal de enfangar.

Cuando ya no queda nada, parece que el PP siempre saca a relucir el argumento. Y si no es ETA, serán los nazis18 ─de nada serviría recordarle a la Condesa que su partido tiene raíz en una dictadura que simpatizaba abiertamente con el régimen de Hitler. Y si no es Podemos, será en la PAH19. Será la ciudadanía entera, tarde o temprano, en un ejercicio no muy sano en que el PP se preguntará, casi para sí mismo: ¿y si todos están locos menos yo? Será, como decía Ignacio Escolar, que «ETA no se va, sino que se reencarna en todos nosotros, terroristas de violencia pacífica»20.

Parece que los Derechos Humanos se recuerdan cuando conviene, pero se olvidan cuando se trata de juzgar a ministros y torturadores franquistas, por ejemplo ─o se dice, cínicamente, que quitar nombres de agentes destacables de la dictadura sería «abrir viejas heridas». Por eso el problema de Euskadi es un verdadero problema político, porque tiene motivaciones políticas. Y las soluciones, equivocadas o no, lo convierten también en unas soluciones políticas, y no simplemente penales o judiciales. Para eso están, y para eso deberían funcionar, nuestros estatutos legales21.

Referencias:

5 En particular la presidenta, Ángeles Pedraza. http://www.publico.es/sociedad/rosa-rodero-pp-detras-avt.html

6 A Javier Marías y el diario ElPaís por injurias. http://www.20minutos.es/noticia/193920/0/avt/querella/injurias/

7 La asociación, repiten, cambió de rumbo, bien para convertirse en brazo del PP, como afirma Rosa Rodero (nota 1), bien para usar a las propias víctimas como arma arrojadiza contra el PSOE y la izquierda política, como lamenta José María Calleja: http://elpais.com/diario/2007/12/27/opinion/1198710011_850215.html. Asimismo, algunos miembros han llegado a protagonizar cánticos de «Zapatero, vete con tu abuelo/ al hoyo con tu abuelo», según versiones ─el abuelo del ex presidente Zapatero, Juan Rodríguez Lozano, era un militar, fusilado por los sublevados por mantenerse fiel a la República: http://www.europapress.es/nacional/noticia-miles-personas-responden-quinta-convocatoria-avt-contra-politica-antiterrorista-gobierno-20061125213417.html.

21 No en vano, en nuestra Constitución se especifica (art. 25.2): «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social»; y la Ley Orgánica General Penitenciaria prevé el derecho a comunicación y visitas (art. 51).