Estado Español

No hay doctrina Borbón

Cristina de Borbón finalmente se sentará en el banquillo de los acusados tras conocerse esta mañana que no se aplicará la denominada «doctrina Botín», pese a encontrarse con una fiscalía y una Abogacía del Estado especialmente complacientes con ella. Esto nos remite a varios interrogantes necesarios.

En primer lugar, ¿qué implica esta resolución? Básicamente, la consecuencia directa es que la hermana del Rey Felipe VI será juzgada como «cooperadora necesaria de dos delitos fiscales» en el caso Nóos, el cual tiene como flamante protagonista al yerno del Rey y esposo de la infanta Iñaki Urdangarín.

Por otro lado, cabe explicar qué diablos significa la doctrina Botín. Pues bien, se trata de una sentencia en la que el Alto Tribunal dictaminó en 2007 que la acusación popular no es suficiente como para condenar a un acusado, si este no era acusada por el fiscal -en este caso, el archiconocido fiscal Pedro Horrach- ni por acusación particular (el perjudicado directo por el delito). Esto fue lo que ocurrió con el difunto ex presidente del Banco Santander, Emilio Botín, imputado por unas cesiones de crédito que su banco llevó a cabo para evitar el pago de retenciones a Hacienda.

Tras esta breve explicación, queda preguntarse: ¿el caso de la infanta cumplía este requisito? Efectivamente, tan solo el sindicato ultraderechista Manos Limpias acusó a Cristina de Borbón, ya que ni el fiscal anticorrupción -en un arduo y sonrojante trabajo de defensa de la acusada- ni la acusación particular actuaron contra la hija del rey emérito.

En este punto es donde llega la pregunta del millón: Entonces, ¿por qué no se ha aceptado la doctrina Botín con la infanta Cristina, en consonancia con lo que pedían sus abogados? Antes de responder a la pregunta, es preciso mencionar la excepción que significa la doctrina Atutxa, creada a partir del juicio contra Juan María Atutxa, ex presidente del Parlamento Vasco, en donde se dictaminaba que la doctrina Botín no era aplicable en el caso de que «el delito afectara a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual». Atutxa también fue acusado exclusivamente por Manos Limpias, como ocurre con la infanta. Sin embargo, fue sentado en el banquillo y condenado con año y medio de inhabilitación para ostentar todo cargo publico y 18.000 euros de multa por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (Batasuna), ilegalizado por el Tribunal Supremo y cuyo dirigente Arnaldo Otegi saldrá de prisión el próximo 1 de marzo.

Esta excepción, que parece haberse producido también en el caso Borbón, produjo un momento que causó incredulidad, indignación, impotencia, decenas de minutos en diversas tertulias políticas y, seguro, numerosas carcajadas sarcásticas, cuando la abogada del Estado, Dolores Ripoll, sostuvo ante el tribunal que el lema “Hacienda somos todos” es un simple eslogan y que los delitos fiscales suponen un perjurio para el erario público, pero no para el colectivo de la ciudadanía. Todo esto, sin realizar una sola sonrisa ni dejar entrever un atisbo de que se trataba de una mala broma. Hablaba en serio.

Ante estas palabras, la abogada de Manos Limpias alegó que «la Agencia Tributaria no tiene el monopolio. […] Lo que la Infanta pudo defraudar en 2007 y 2008 nos afecta a todos». La justicia parece haberle dado la razón, así como al incontestable trabajo y buen hacer del juez Castro.

Así pues, volveremos a ver a la realeza pisando las catacumbas de la justicia, al mismo tiempo que la monarquía se autocalifica como una institución sistémicamente corrupta y cuya anacronía camina de la mano de la sensación de impunidad con la que caminaba la inviolable nobleza siglos atrás y que parece no haber cambiado ni un solo ápice. Como limosna, nos queda ver a la hermana del Rey sentada en el banquillo -qué escándalo, como un mortal más, como una simple súbdita– y rezar por que, al menos, se produzca un amago de justicia.