Editorial

Editorial: Dignidad, derechos y el FMI

La pasada semana, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe con motivo de la cada vez más próxima llegada de los refugiados, y más específicamente, acerca de la traducción del evento en términos económicos. El documento se titula The refugee surge in Europe: economic challenges.

El FMI resume las claves en unas pocas conclusiones, presentadas entre las páginas 32, 33 y 34. Nosotros, entendiendo que este organismo obedece a los intereses económicos de las clases poseedoras y no al interés general, queremos ofrecer nuestra más absoluta repulsa contra varias de las conclusiones.

El análisis general descrito en el informe comparte que un movimiento migratorio de tal calado sólo puede ser beneficioso para las economías del euro, y que la producción deberá dispararse. No es cierto. O al menos no la primera parte. Los términos macroeconómicos son usados generalmente para referir, más bien, a los potenciales beneficios de los más adinerados; las clases trabajadoras, asalariadas ─la gran mayoría de la población─, verán una creciente competencia en sus ámbitos, y especialmente el desarrollo mayor de una economía sumergida que rebajará el nivel de vida de la mayoría, y empobrecerá (aún más) a los Estados.

No sólo eso: las recomendaciones de los analistas del FMI señalan también un potencial incentivo a los empresarios que contraten a refugiados ─lo cual se traduce en un énfasis de lo dicho en el párrafo anterior─, así como la abolición del Salario Mínimo Interprofesional para estos inmigrantes. Es decir: abolir abiertamente los Derechos Humanos. Legalizar la esclavitud, poco más o menos.

A esto se le suman otras recomendaciones, como la de aumentar (todavía más) ciertos impuestos, o la de liberalizar/ flexibilizar (todavía más) el mercado ─presumiblemente, a través de un cambio en la política de los tipos de contrato.

Las condiciones comentadas en estos párrafos formarán, unidas, el caldo de cultivo idóneo para la creación abierta y de iure de ciudadanos de primera y de segunda categoría; para el surgimiento o crecimiento de partidos y movimientos racistas, de naturaleza intrínsecamente violenta; para una mayor tasa de criminalidad; para una exclusión social todavía mucho mayor de la que conocemos; y para una pobreza que acabará extendiéndose, pronto, a la mitad de la población del país.

Ni siquiera nos posicionamos aquí ─aunque podríamos hacerlo con nítida facilidad─ sobre los escarceos legales del Fondo, que, paradójicamente, cuenta con la confianza de muchos Estados; sólo deseamos dar muestra del profundo rechazo que nos suscita la enemistad y la provocación hacia los Derechos Humanos.

Si buscan una vía pacífica para solucionar el conflicto político base que ha originado esta crisis de los refugiados, nosotros aconsejaríamos que sencillamente cumplieran las leyes que establece la Unión Europea en sus Tratados. Que no vendieran material militar a los países en conflicto, o a Estados que rompen los Derechos Humanos y comercian con grupos terroristas abiertamente. Que hagan políticas transparentes y abiertas.