Estado Español

Las patas cortas de la democracia: el Poder Judicial

Hagamos memoria. 20 de noviembre de 1975, Franco lo deja todo atado y bien atado; muere. El sucesor en el rol de Jefe del Estado será Juan Carlos, el primero con tal nombre. Torcuato Fernández Miranda le empuja a ir de la ley a la ley a través de la ley, lo que significará que los mismos que participaron de la aprobación de las Leyes Fundamentales pocos años antes tendrán ahora que participar de la derogación. Pero ¿esto implicará su exclusión? No: en las elecciones de 1977, convocadas por Adolfo Suárez, se marcaron y desmarcaron; muchos de ellos se sentaron como diputados y senadores bajo las siglas de la UCD, o mejor, de Alianza Popular. Como diría el secretario general del Partido del Trabajo: «un verdadero sindicato de ex ministros de Franco en paro forzoso»1; otros, sin embargo, como Fraga, tomarían mayor relevancia posteriormente.

En estas circunstancias, raro sería que la democracia ─con la separación de poderes que tiende a atribuírsele─ viniera, de la mano de los últimos hombres del régimen. Aún así, la Constitución trajo novedades que incluso superaban los acuerdos de la II República. No sólo las libertades recuperadas de la sindicación, o de expresión; el polémico artículo 128 ─en el que se asegura que «toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general»─ encuentra su antecedente más directo en el art. 44 de la Constitución de la Segunda República, y supone un aparente retorno a los valores democráticos clásicos, una aparente concesión a los comunistas y socialistas ─que aún, teóricamente, no habían renegado del marxismo. También otros ámbitos fundamentales para la vida democrática, como los Derechos de la mujer, fueron restablecidos, devueltos a la normalidad.

Pero aunque se siga confiando en la invulnerabilidad de las formas jurídicas que se supone que rigen este país, ya nadie cree, o quizá nunca nadie creyó, que se cumplían efectivamente. Es demasiado fácil ver cómo el Derecho a la vivienda (expresado en el artículo 47) se incumple día a día2; es demasiado fácil ver cómo se toleran pacíficamente los Decretos contra libertades fundamentales3; y, desde luego, es demasiado fácil ver a jueces marcados con la mancha negra4. En ese sentido, una de las patas de nuestra democracia es la independencia judicial. Pero, desgraciadamente, dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas.

Coincidencia o no, lo cierto es que los mismos jueces y magistrados a menudo se quejan de que esa independencia no es del todo real. Bajo esas sospechas nace en 1983 la plataforma Jueces para la Democracia5, o se constituye la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial6, cuyo manifiesto7 nos pone en antecedentes. Ni es casualidad que los dos partidos del momento (los de la regeneración: Podemos y Ciudadanos) lo hayan tomado como un tema digno de examinarse a través de sus respectivos programas electorales. Pero esto último lo comentaremos más adelante.

Y ¿desde cuándo se considera que el Poder Judicial no es, aquí, realmente independiente? ¿O es que nunca lo fue? Éso es lo más curioso de todo: desde 1977, la Constitución8 afirma que los «Jueces y Magistrados, integrantes del Poder Judicial» son «independientes», para lo cual se escribe, a título constitucional, que «no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos», mientras se hallen en activo (art.127). Al mismo tiempo y para ello, nace el Consejo General del Poder Judicial (art.122), que se articula como el órgano de gobierno de Jueces y Magistrados. En una instancia más alta (y que «no forma parte del Poder Judicial»9), surge el Tribunal Constitucional (Título IX10), un órgano con competencia para juzgar aquello de consideración compatible o incompatible con la Constitución; la composición del TC es también plenamente política (art.159.1).

Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial apareció definitivamente en 1985, y procedió, como se explica en el punto VI de la exposición de motivos11, a atribuirle a las Cortes Generales la potestad de decidir los miembros del CGPJ. Aunque algunos juristas no ven en ello ninguna clase de peligro, lo cierto es que muchos otros sí ponen más la lupa ─como señalan muy acertadamente en un programa de LaSextaColumna12─, y sospechan de los gustos de Parlamento y Senado, que, hasta el último 20 de diciembre, estaban formados esencialmente por PP y PSOE13. En su momento, 55 parlamentarios presentaron14 ─con el inefable padre de Alberto Ruiz Gallardón a la cabeza─ un recurso de inconstitucionalidad «contra la totalidad de la Ley Orgánica». Fue tumbado.

No es de extrañar, por eso mismo, que a los partidos más reconocidos como nuevos no les temblara el pulso cuando se pusieron a hablar sobre este tema. Por su parte, Podemos propone «establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre Jueces y Magistrados (…)» en su programa15, así como «dotar de mecanismos de transparencia» a la Justicia o «democratizar los nombramientos en la cartera fiscal». A pesar de que no se habla de esos quince miembros del CGPJ (que actualmente son veinte), podemos comprarlo; tema aparte es dar a la ciudadanía las llaves del CGPJ, cosa que parece, por lo menos, muy arriesgada.

A más llega Izquierda Unida (ahora se llama Unidad Popular), que propone abrir también la elección del Tribunal Constitucional16.

En el lado opuesto, Ciudadanos pretende abiertamente suprimir el Consejo General del Poder Judicial17. Sin anestesia ni nada. Puesto que el actual sistema de nombramiento de los veinte miembros politiza su actuación, lo que hay que hacer es erradicar el órgano y otorgarle todas sus funciones al Presidente del Tribunal Supremo (que antes, como en la propuesta, es el Presidente del CGPJ igualmente), y entonces… elegirlo por el Parlamento. A esto, copia de lo que ya había, pero aún mucho más directo, Ciudadanos lo llama «despolitizar el Poder Judicial».

Dejando aparte otros asuntos más detallados dentro del tema ─porque aquí muchos conocemos el efecto nocivo de la Ley Mordaza18, o incluso lo que sucede con la Ley de Montes19)─, creo que hemos señalado bastante la llaga en este sentido. Cosa de muchos más es dar con el dedo en el lugar adecuado.

Esta, sin embargo, es sólo una de las patas cortas de la democracia. Pero la democracia no es antropomórfica; tiene innumerables tentáculos que no sabemos prever ni controlar, y que, además, muchas veces tampoco nos paramos a estudiar. En especial, cuando es tan limitada y su centro está habitado por los grandes ricos y poderosos. Al final es su centro, junto con sus innumerables extremidades, el que nos concibe, el que nos forma y deforma. Queda, entonces, hablar de la Economía, y queda hablar de su historia, y queda también hablar de otras formas jurídicas…; incluso queda hablar de los paradigmas científicos. Quizá la próxima vez exploremos una de esas aristas, siempre inacabadas.

Y todo esto sólo debe servir para entender que, en parte, conocer a la bestia es conocernos a nosotras mismas, y, en parte, conocernos a nosotras mismas a conocer a la bestia. Cualquier otro resultado es, finalmente, fruto de una coincidencia.

 

Referencias:

1 Eladio García Castro, cita cogida del artículo de Miguel Ángel Giménez Martínez, “Renovación y continuidad de la élite política española durante la Transición a la democracia: el caso de las Cortes Constituyentes”, Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4782795. Original de: Historia Constitucional, nº15, 2014, págs. 255-277.

2 Las estimaciones, según fuentes, es que hay entre 20.000 y 40.000 personas sin techo en España. Según el INE, 23.000; según Cáritas, 40.000. http://www.lavanguardia.com/vida/20140406/54404697303/espana-cuenta-con-40-000-personas-sin-hogar-y-un-millon-y-medio-de-familias-en-infraviviendas.html

13 En el caso del Senado, PP sigue poseyendo la mayoría absoluta, lo cual le permite enmendar cualquier reforma constitucional que se pretenda dirigir desde el Parlamento. http://resultadosgenerales2015.interior.es/senado/

16 Cuaderno 7, pág. 216. http://porunnuevopais.org/programa/