Estado Español

Propuestas de IU “por una vivienda digna”

La candidatura de Alberto Garzón está presentando estos días una batería de propuestas para la creación de “un nuevo modelo de país”.

Un bloque específico del programa con el que se presentará IU-Unidad Popular para las generales estaría destinado a proposiciones históricas de los movimientos sociales y actuaciones que ya se han puesto en marcha.

Una de estas demandas que IU ha querido recoger como parte esencial de su eje programático sería la problemática de la vivienda que nuestro país está padeciendo y se ha acentuado con la crisis. El propio candidato ha querido enfatizar como fue durante los años del boom inmobiliario cuando aparecieron la mayoría de disposiciones lesivas de los derechos del consumidor. El caso más paradigmático es la introducción de la clausula suelo en el contrato hipotecario. O como las entidades financieras infringen continuamente el derecho internacional ejecutando lanzamientos hipotecarios a familias sin una alternativa habitacional.

Para ello, la formación de izquierdas propone multar a los bancos, sociedades de gestión y personas jurídicas que tengan viviendas deshabitadas que, en nuestro país asciende ya hasta los 3.5 millones. Por lo que se entiende desde la propia organización, que se debe garantizar la vivienda como un bien social y no como un objeto de especulación y por ende acabar con el actual modelo económico basado en el ladrillo.

Otra de las propuestas estaría encaminada a la dación en pago retroactiva, con lo que se permitiría entregar la vivienda como condonación de la deuda hipotecaria sin ningún perjuicio más para el inquilino.

La formación prevé la articulación de un parque de viviendas públicas eficaz, que esté al servicio de la población más vulnerable. La cuales no podrían venderse ni privatizarse, una práctica normalizada de muchos municipios y comunidades autónomas, como la del gobierno anterior de Madrid que vendió 3000 viviendas a fondos buitres. Dejando de esta manera a los consumidores en una situación de desprotección ya que el contrato se endureció notablemente con el cambio de titular.

Por último, el documento presentado establece como prioritario la creación de un observatorio de la vivienda, que defienda y preserve los intereses de la población que esté socialmente excluida y también aquella población potencial que pueda verse en riesgo de verse en la situación. Con el objetivo de dar una respuesta institucional rápida y eficaz. Este observatorio estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil.