Estado Español

La CUP llama a la “desobediencia civil”

La unión entre las dos principales fuerzas independentistas de Catalunya, CDC y ERC, dio un vuelco al panorama electoral en los pasados comicios del 27 de septiembre, que tuvieron como eje principal la identidad catalana y la independencia de Cataluña respecto del resto del Estado español. Ningún partido obvió el tema en las dos semanas de campaña, incidiendo más o menos en otros temas, como asuntos sociales.

La apuesta por estas dos fuerzas era sumar una gran candidatura que las incluyera junto con personas independientes de partidos políticos y procedentes del mundo de la cultura catalana, candidatura que pasaría a llamarse Junts pel Sí (“Juntos por el Sí”). La estrategia era presentar como cabeza de lista a Raül Romera, ex miembro de ICV y eurodiputado por la formación entre 2009 y 2014, que haría de cartel electoral para, una vez pasadas las elecciones y con una hipotética victoria de la coalición, apoyar nuevamente la investidura de Artur Mas como president de la Generalitat y declarar unilateralmente la independencia de Catalunya.

No obstante, las encuestas no le eran del todo satisfactorias a JxSí, dejándoles a unos pocos escaños de la mayoría absoluta, lo que obligaba a estos a tener que entenderse con la otra fuerza independentista declarada, la CUP (Candidatura d’Unitat Popular), una organización asamblearia de órbita socialista y euroescéptica que agrupa a muchas otras formaciones de izquierda. Y así fue: JxSí obtuvo 62 escaños, cuando la mayoría absoluta está en 68, frente a los 10 de la CUP, que ya sí ayudaban a superar la barrera llegando a sumar ambas candidaturas 72.

Sin embargo, la CUP ponía condiciones a cualquier otro pacto: para hablar de independencia de Catalunya, las fuerzas independentistas debían superar el 50% no sólo en escaños, sino también en votos, y, pese a que en escaños así era, en votos ambas formaciones se quedaban con un 47%. Ello dio lugar a que la CUP recelase del pacto con JxSí. Hasta ahora.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) llamó a declarar como imputados a Artur Mas y a varias ex conselleras más el pasado 15 de octubre por su implicación en la consulta soberanista del 7 de noviembre de 2014 que el Gobierno central calificó como ‘ilegal’. La cuestión es que la fecha elegida por el TSJC coincidió con el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, el que fuera presidente de la Generalitat entre 1934 y 1940 y que declarara igualmente y de forma unilateral la independencia de Catalunya como pretende Artur Mas ahora.

Este hecho ha desatado la ira en un sector de la sociedad catalana, entendiendo que es una ofensa y amenaza al sentimiento independentista, y en especial a la CUP, que ha aparcado sus diferencias con respecto a JxSí y ha visto en la imputación de Mas un intento por parte de las instituciones del Estado central de censurar la voluntad de los catalanes. “Votar no es delito”, afirman desde la formación. Por este motivo, Antonio Baños, líder de la CUP, ha hecho un llamamiento a la “desobediencia civil” y a no acatar las sentencias judiciales que entiende que “atacan al pueblo catalán”.

Los meses venideros, por tanto, serán un estado de confrontación continua entre el Gobierno central y el independentismo catalán. A ello se le añade la convocatoria ordinaria de elecciones generales, que serán el 20 de diciembre y que nuevamente tendrán como aspecto fundamental el futuro de Catalunya.